Policías retirados y familiares se reunieron frente a la Jefatura Departamental para realizar un "reclamo simbólico". A pesar de las versiones que circularon de "retención de tareas", aseguraron que "el servicio de seguridad está garantizado".
Mar del Plata atraviesa los días más angustiantes de esta pandemia por el coronavirus: la confirmación de la Fase 3 por la escalada de contagios, un sistema de salud que está al borde del colapso, noticias de usurpaciones, robos y violencia. En este contexto de crisis, la Policía Bonaerense, en toda la provincia, inició un reclamo por mejores salariales e incluso circuló la posibilidad de que podían llegar a realizar retención de tareas, algo que finalmente no ocurrió.
En las primeras horas de la mañana de este lunes, circuló por redes sociales la convocatoria a los efectivos de la Policía Bonaerense para que realizaran retención de tareas desde el mediodía, para reclamar por mejores salariales y condiciones dignas de trabajo.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia consultadas por LA CAPITAL confirmaron que esta versión era cierta, pero que al no haber ningún referente que convocara la medida, no existía la posibilidad de entablar un diálogo.
En algunas localidades, como Bahía Blanca o Almirante Brown, los policías denunciaron haber sido amenazados para no tomar la medida y que se les imputaría el artículo 205 del Código Penal por violar el aislamiento obligatorio, entre otras medidas administrativas que podría tomar Asuntos Internos.
En Mar del Plata la convocatoria fue a las 12 del mediodía en la esquina de la Jefatura Derpartamental, en Gascón y Entre Ríos. Allí, unas cuarenta personas, familiares de efectivos de la Policía Bonaerense y policías retirados, se reunieron para reclamar, en representación de toda la fuerza, al gobierno de Axel Kiciloff.
Entre las consignas destacaron la exigencia a la Provincia de Buenos Aires aumento salarial del 56 %, el “correcto” pago de horas extras, el cese de “represalias”, asistencia psicológica, capacitación, móviles en condiciones, la democratización de la fuerza policial y el derecho a la sindicalización.
El secretario general de la Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires (Apropoba), Miguel Ángel Reinoso, explicó a LA CAPITAL que el reclamo realizado este lunes al mediodía es más bien “simbólico”, ya que “el personal policial es consciente que no puede perjudicar a la sociedad alterando el servicio de la seguridad que todo el mundo espera en este momento”.
Reinoso explicó que como comisario inspector retirado y secretario general de Apropoba, no buscó convocar a muchas personas para poder respetar el distanciamiento social mínimo.
“El gobierno debería preocuparse por la situación de la policía, los últimos aumentos son del año pasado. Hay que tener en cuenta que a la policía se le paga la hora extra a 40 pesos y en algunos casos a 20 pesos. Esa plata no alcanza ni para pagarse el costo del colectivo, con los haberes actuales los subalternos están por debajo del índice de pobreza”, dijo el comisario inspector retirado.
Otra de las quejas de Reinoso es por la “desatención” del gobierno provincial en casos en los que hay víctimas policiales. “El estado debería constituirse como querellante y no mirar a un costado”, expresó.
Para el secretario general de Apropoba es “el Gobierno quien se niega a constituir una mesa de diálogo”. “El gobierno se niega a mantener un diálogo y reconocer una representatividad. El personal policial no tiene voz y tiene prohibido hacer manifestaciones a través de una ley anticonstitucional de la provincia, no nos queda otro remedio que llamar la atención para ser escuchados”, dijo.
Reinoso confirmó que en todo la Provincia de Buenos Aires, el personal policial “recibió amenazas” a las que llamó un “recurso de la política para acallar estas protestas”. “Estas amenazas solo son un intento de apagar el fuego con nafta. El personal policial no se queda con una amenaza, más cuando es por una causa justa”, sostuvo.
Finalmente, el comisario inspector retirado volvió a remarcar que el reclamo “no afecta el servicio de seguridad”. “Esto solamente es una muestra simbólica para que el gobierno, que se niega a atender los reclamos, ponga atención al tema en este momento de crisis”.